Informe sobre Referendo Ilegal en Bolivia.

La jornada de referendo ilegal, impulsada por sectores de la oligarquía del oriente boliviano comenzó con incidentes. Desde tempranas horas de la madrugada del domingo, pobladores de distintas localidades del departamento de Santa Cruz impidieron la entrada de las urnas electorales y de las boletas de votación a centro escolares escogidos por los separatistas para efectuar los comicios.

Las bandas armadas lideradas por la Unión Juvenil Cruceñista se desplegaron por toda la región para amedrentar a la población e imponer a cualquier costo la celebración de la consulta ilegal.

Diversas denuncias indicaban que activistas del Comité Cívico pro Santa Cruz accionaron armas de fuego en contra de quienes se oponían a la realización de los comicios ilegales.

Los ataques de la Unión Juvenil Cruceñista provocaron según datos aportados por el gobierno boliviano, mas de una veintena de personas heridas. Los separatistas causaron enfrentamientos en barriadas de Santa Cruz, como Copacabana y el Plan Tres Mil, y también en localidades del interior del departamento como Montero y Villa Cochabamba.

La violencia desatada por los grupos que impulsan la división de Bolivia, no fue motivo para que el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el cardenal Julio Terrazas concurriera a vota en la consulta ilegal y expresara claramente su apoyo a los comicios que pretenden imponer un estatuto ilegítimo y discriminatorio en Santa Cruz de la Sierra.

La jornada también estuvo marcada por vicios y denuncias de fraude. Pobladores de los suburbios de Santa Cruz concurrieron al centro internacional de prensa organizado por los separatistas para denunciar que boletas previamente marcadas con la opción del “si” al estatuto autonómico estaban preparadas dentro de las urnas de votación.

La fiscalía departamental no tomó en cuenta la denuncia, por el contrario se hizo de la vista gorda ante la agresión promovida por funcionarios electorales contra los periodistas que cubrían las denuncias.

Los líderes de la oligarquía de Santa Cruz tuvieron que convocar a cuatro entidades privadas y a sus aliados para intentar avalar la transparencia de su referendo, entre ellos los periodistas Oscar Peña Franco y Cayetano Llobet; representantes de la estadounidense Human Rights Foundation (vinculada al Departamento de Estado norteamericano), de la Organización Demócrata Cristiana de América, la Fundación Daniels Hammant y Mora; y Araujo y Asociados Comunicación Institucional SA.

Ante la carencia de observadores imparciales, los parlamentarios de PODEMOS, principal partido opositor al gobierno de Evo Morales, se identificaron como veedores imparciales del proceso, a pesar de que sus principales dirigentes habían hecho abierta campaña a favor de la consulta ilegal.

Como si no fuese ya irregular el proceso, el conteo de votos estará a cargo de una consultora privada. Los medios de comunicación aliados de la conspiración separatista también contribuyeron a crear una falsa matriz de opinión, la cadena de televisión UNITEL, anunció a las 4 de la tarde, resultados de presuntas encuestas a boca de urna, según UNITEL, la opción del “si” a los estatutos habría ganado con el 85% por ciento de los sufragios. Sin embargo evitaron referirse a las cifras de abstención.