Se marchó invicto

“Tirofijo”: dinastia de los libertadores Hugo Gómez

inSurGente

“Hemos intentado con persistencia encontrar las vías que nos lleven a la paz democrática, a la paz de la justicia social por las vías políticas pacíficas y cada vez nos hemos tropezado con la violenta oposición de una oligarquía militarizada, que esgrime la fuerza y el terror como única alternativa para quienes no comparten la política del régimen o se distancian de él.” (Declaración Política-Octava Conferencia Nacional).

“No olviden todos ustedes que la burguesía siempre ha querido enseñarnos a hacer la revolución” ( Del discurso de Manuel Marulanda al cumplirse 30 años de las FARC_EP, el 27de mayo de 1994)

Ha muerto un insigne patriota. El más viejo y mejor dirigente guerrillero. Ha muerto en su “casa”, el cuartel general de la insurgencia; y en su ley, dirigiendo a hombres y mujeres que combaten por una Colombia libre, soberana y justa.

Durante sesenta años de historia patria, de la más feroz guerra desatada por la oligarquía y el imperialismo en Colombia, el comandante Manuel Marulanda Vélez entregó a su pueblo cada minuto de sus portentosas energía e inteligencia. Y se marchó invicto. Manuel Marulanda vencedor de la muerte.

Marulanda, el de la certera puntería, Tirofijo, el legendario comandante guerrillero ha fallecido en las entrañas más profundas de la geografía americana. Al excepcional estratega de mil combates, sobreviven las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y su Estado Mayor Central, asediados por mil cercos, resistiendo los asaltos desenfrenados de la jauría militar a órdenes de la oligarquía y el pentágono

Con la muerte de Marulanda, las FARC pierden al más esclarecido comandante, y el pueblo de Colombia al clarividente conductor revolucionario de masas campesinas y tropas guerrilleras; a un activo primordial en la guerra y en la paz posible.

El eje de tres ideas estratégicas sirvieron de sostén al pensamiento político y militar de Marulanda en la construcción y conducción de las FARC y en la confrontación armada con el Estado colombiano. Presupuestos ya plasmados desde la Asamblea guerrillera del 20 de julio de 1964, aún antes de que se constituyeran el llamado “Bloque Sur” ( 1965) ( así llamado por hallarse ubicado en el sur del Tolima, en la confluencia de los departamentos de Huila, Valle y Cauca), el que luego en la Segunda Conferencia Guerrillera, en abril de 1966, se constituiría en “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” y, posteriormente, en la Octava Conferencia Nacional, en mayo de 1982, decidiría convertirse en “Ejército del Pueblo”: FARC_EP.

Es en aquella primera Asamblea en donde los combatientes de Marquetalia en medio de los atroces fusilamientos masivos y bombardeos genocidas a la población indefensa, proclaman el “Programa Agrario de los Guerrilleros”, corregido y ampliado luego en la Octava Conferencia Nacional de las FARC_EP.

Una primera idea: que la lucha armada, en las condiciones dadas, constituía el componente estratégico fundamental de la lucha popular por el poder, para la instauración revolucionaria de un régimen democrático y popular, de liberación nacional, a cuyo objetivo apuntaría creación de las FARC, que aparece efectivamente como una fuerza militar popular nutrida de patriotas, conformada en las entrañas del mismo pueblo campesino, dispuestas a combatir, vencer y abrir las puertas del Estado, clausuradas al pueblo, a las fuerzas populares democráticas liberadas.

“ Por eso, las FARC-EP se han constituido como una organización político-militar que recoge las banderas bolivarianas y las tradiciones libertarias de nuestro pueblo para luchar por el poder y llevar a Colombia al ejercicio pleno de su soberanía nacional y a hacer vigente la soberanía popular. Luchamos por el establecimiento de un régimen político democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los derechos humanos y un desarrollo económico con bienestar par todos quienes vivimos en Colombia” 1

Segunda idea era: que clausurada la vía democrática, por la violencia desatada por el Estado, patrocinada y dirigida por la oligarquía, impidiendo la lucha de las masas por los cauces democráticos y pacíficos, la vía que quedaba era la vía armada, única forma de lucha para el cambio revolucionario de un régimen oligárquico “con formas abiertas de fascismo”, por un régimen democrático y popular de liberación nacional.

“Nosotros hemos llegado a todas las partes donde había puertas para golpear en procura de auxilio para evitar que una cruzada anticomunista, que es una cruzada antipatriótica contra nuestro pueblo, nos llevara, y con nosotros a todo nuestro pueblo, a una lucha armada prolongada y sangrienta”

“Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo. La vía pacífica, la vía democrática de masas, Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas “Repúblicas Independientes, y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder.” 2

Una tercera idea era la imprescindible necesidad de construir la alianza obrero-campesina y la coalición en un frente unido de todas las fuerzas populares susceptibles de ser unidas y movilizadas como garantía de triunfo y depositarias del poder popular conquistado.

“La realización de este programa agrario revolucionario dependerá de la alianza obrero-
“campesina y del frente unido de todos los colombianos en la lucha por el cambio del régimen, única garantía para la destrucción dela vieja estructura latifundista de Colombia. Para tal fin se organizarán potentes uniones de lucha campesina, fuertes sindicatos, comités de usuarios y juntas comunales”.

“Por eso este programa se plantea como necesidad vital: la lucha por las forja del más amplio frente único de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país para un combate permanente hasta dar en tierra con este gobierno de los imperialistas yanquis que impide la realización de los anhelos del pueblo colombiano”.3

De otro lado, Marulanda concientemente porfiaba en la idea de que la guerra no había sido querida ni propiciada por las FARC, sino que le había sido impuesta al pueblo colombiano por la oligarquía y el complejo político- económico-militar del imperialismo. Ello, no obstante, en la búsqueda de la paz, para ahorrarle sufrimiento al pueblo, siempre mantuvo la disposición al diálogo, dispuesto a favorecer una solución política a la guerra, y a entablar negociaciones que condujeran indefectiblemente a la supresión de las condiciones políticas y económicas que desencadenaron la guerra y que siguen propiciándola.

“Hemos intentado con persistencia encontrar las vías que nos lleven a la paz democrática, a la paz de la justicia social por las vías políticas pacíficas y cada vez nos hemos tropezado con la violenta oposición de una oligarquía militarizada, que esgrime la fuerza y el terror como única alternativa para quienes no comparten la política del régimen o se distancian de él.” 4

Al periodista que pregunta a Marulanda: “qué opina de la propuesta del ministro entrante, de hacer de la paz una política de Estado”, Marulanda le responde que: “la paz como política de Estado, debe estar encaminada a erradicar todos los factores objetivos que hicieron que un considerable número de compatriotas se levantaran en armas contra el establecimiento....Esos factores objetivos, entre otros, son: ausencia de una verdadera reforma agraria, que le dé la tierra a quien la trabaja; falta de salud, vivienda, educación, trabajo, etc. Todo como consecuencia de la desigual distribución de las riquezas. A esto se suma la violencia institucionalizada del Estado, ejercida por medio de sus órganos represivos, para mantener sin alteración el orden social así establecido, en beneficio de la clase dominante” 5,

Fueron diferentes los encuentros y reuniones celebrados desde la firma de los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz, conocidos como los acuerdos de la Uribe, en 1984, entre el gobierno colombiano de Belisario Betancur y las FARCP-EP. Entre 1986 y 1990, se sucedieron múltiples reuniones entre los representantes de los gobiernos de Cesar Gaviria y Virgilio Barco con el Secretariado General de las FARC-EP. Se celebraron dos rondas de conversaciones entre el gobierno de Cesar Gaviria y las fuerzas insurgentes agrupadas en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, una en 1991 en Caracas, la otra en 1992, en Tlaxcala, México. Y la última más connotada: la instalación pública de los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 7 de enero de 1999, bajo el gobierno de Pastrana Borrero, a la que asistieron invitados nacionales e internacionales del Estado y el cuerpo diplomático acreditado.6


Aquellas convicciones, extraídas del contacto con la realidad concreta del país, permitieron a Manuel Marulanda sobrevivir a todas las contingencias de la guerra, con elevada dignidad, en el seno del movimiento agrario y de la organización armada, que supo dirigir con acierto; acometer los errores de sus hombres, muchos de ellos graves ,en sus relaciones con la población civil; encarar con firmeza hasta el final las desviaciones de todo género y las faltas y sortear con éxito todas las campañas de exterminio desatadas por los gobiernos oligárquicos apoyados por el gobierno de los Estados Unidos:

“Nosotros hemos sido víctima de la política de “a sangre y fuego” preconizada y llevada a la práctica por la oligarquía que detenta el poder. Contra nosotros se han desencadenado, en el curso de los últimos 45 años, cinco guerras: una a partir de 1948; otra, a partir de 1954; otra, a partir de 1962; otra, a partir del 18 de mayo de 1964, cuando los altos mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la “Operación Marquetalia”; y esta que enfrentamos a partir del 9 de diciembre de 1990, cuando el dictador Gaviria y los altos mandos militares iniciaron la operación de exterminio contra el Secretariado de las FARC en Casa Verde y de agresión militarista contra el movimiento popular en todo el país.” 7

Continuación de aquellas guerras, pero de proporciones dantescas, es la actual operación militar, de cerco y exterminio, desatada por el dictador Uribe Vélez, dispuesta a llegar hasta el corazón mismo del Secretariado general de las FAR-EP, utilizando los más sofisticados métodos y medios militares de exterminio, individual y colectivo; quebrantando sin escrúpulos todos los convenios y Pactos internacionales relativos a los derechos fundamentales, a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, sobre la guerra, el trato a la población civil y al prisionero, y violando la soberanía territorial de otras naciones hermanas, apertrechados, y dirigidos por tenebrosos cuerpos norteamericanos especializados en la barbarie.


De otro lado, puestos a observar el panorama de guerra a muerte a los luchadores populares, decretada por el régimen de Uribe Vélez, ¿qué puede esperar el ciudadano, sujeto y objeto de la “seguridad democrática”, en verdad “terror de Estado”, cuando a raíz de sus denuncias o protestas es reputado “enemigo interno” de su propio país, expuesto invariablemente a ser encarcelado o asesinado?

La dictadura narco-paramiltar de Uribe ofrece la paz, entendiendo por ella la rendición incondicional de los alzados en armas. Marulanda y los insurgentes proclaman que para alcanzarse una paz firme y duradera, son imprescindibles presupuestos previos: el restablecimiento de los derechos fundamentales de libertad de opinión y expresión, de reunión y asociación pacífica; que cesen las masacres del campesinado y el robo de sus tierras, el asesinato de los dirigentes políticos, sindicales y sociales, sobre los cuales se ha tendido un manto de impunidad oficial; cese la persecución al movimiento obrero, sindical y agrario y el asesinato de sus dirigentes; sean efectivamente disueltas, juzgadas y encarceladas las bandas paramilitares y las divisiones criminales del ejercito, la policía y lo servicios secretos que comparten el crimen con aquellas; cesen los encarcelamientos masivos indiscriminados y aún por la mera sospecha, y la tortura como castigo y para obtener información; cesen las amenazas de muerte, el chantaje y la coacción a políticos, intelectuales, periodistas, profesores, estudiantes para acallarlos.
Paz, pero con justicia social.

Muere el comandante Marulanda en el momento en que la Presidencia de Uribe es olla podrida que se va destapando en la medida en que afloran públicamente sus conexiones privadas y públicas, pasadas y presentes con la acción criminal de las bandas paramilitares: contertulias, confidentes, vecinas latifundistas de su hacienda en Montería y con presencia activa en su familia, en su Partido político, en su Gobierno y en los organismos públicos hasta donde alcanza la potestad de sus decisiones gubernativas.

Toda una red siniestra, a las que pisa sus talones una tardía tímida e intervenida justicia colombiana, que persigue sus huellas que van desde el latifundio de la costa atlántica, el Bajo Cauca, el Atrato, Urabá, por solo mencionar algunas, y se pierden en los aposentos alfombrados y cuartelillos del Palacio de Nariño, donde Uribe, arrellanado en el solio de Bolívar, que profana y mancha con sus sucias posaderas, premedita, calcula cada día, en compañía de deformados generales de club, los más abominables crímenes de Estado.

Juega Uribe con ventaja, que le proporciona además el blindaje cómplice de las potencias occidentales: Estados Unidos de Norte América y la Unión Europea a cambio de contratos y concesiones a sus voraces monopolios. El Rey de España y el Presidente Zapatero le ofrecen incondicional apoyo y lo agasajan como preclaro socio “iberoamericano”.

A disposición de Uribe operan incondicionalmente treinta y una emisoras del ejército de Colombia, títere de los Estados Unidos, pagadas con el erario público, desperdigadas a lo largo y ancho del país. Las otras cadenas de radio, televisión y prensa escrita, nacional y de provincias, han sido tomadas, en asalto económico, por los monopolios de PRISA y PLANETA, monopolios españoles de comunicación.. Unas y otras durante 24 horas , mañana, tarde y noche, difunden proclamas exaltando las medidas antipopulares y represivas del gobierno y las horrendas campañas militares del ejército, enalteciendo la imagen del Presidente y la “heroicidad” de las tropas y dibujando un panorama idílico falso de seguridad y bienestar social; ocultando, y tergiversando la realidad de los hechos, siempre al servicio de sus amos; incitando a la delación, ofreciendo sumas fabulosas por el asesinato de dirigentes y luchadores populares, cuyos cuerpos exhibe con despreciable regodeo; anestesiando la conciencia del pueblo con la demagogia de la paz de los sepulcros, como en la época del dictador Rojas Pinilla.

Prisa y Planeta tienen sus sedes en el reino de España, y desde sus pasquines diarios coloreados cumplen la función de retaguardia “informativa” de la barbarie colombiana en España y en Europa, limpiando interesadamente ante sus coterráneos la imagen ensangrentada de Uribe y concitando perversamente entre los españoles el repudio a la lucha revolucionaria bolivariana de Colombia y los pueblos de Sur América y el Caribe y el odio a los patriotas insurgentes. Y son avanzadilla mediática y de marketing de los monopolios españoles, buitres económicos alimentados con los despojos de Colombia. No es casual, pues, ni gratuito, el respaldo que prestan el Rey, Zapatero y el plenipotenciario de la Unión europea Solana al gobierno de Uribe Vélez, su magnánimo benefactor y socio en el reparto.

La burda treta del Presidente narco paramiltar de extraditar a los más destacados cabecillas paramilitares a los calabozos del Imperio norteamericano para acallar las más temibles revelaciones de sus complicidades con los bandas paramilitares y privar de pruebas evidentes y plenas a la Suprema Corte de Justicia que pisa sus talones, no impedirá que un día, cuando sea restablecida la dignidad y la conciencia de Colombia el truhán Presidente Uribe Vélez, el querido “doctor Varito” del capo de la droga Pablo Escobar, sea conducido a los Tribunales de Justicia, con la misma infamia con que quiso deslustrar el honor y la gloria de los luchadores por el pueblo, para responder por crímenes de Estado y de lesa humanidad. Entonces, es de pensar que no estarán presentes en el juicio, como testigos de excepción el monarca español, el Presidente Rodríguez Zapatero, el plenipotenciario de la Unión europea Solana y los flamantes directores de Prisa y Planeta.


(1) (2) (3) (7) “Programa Agrario de los guerrilleros de las FARC”, proclamado el 20 de julio de 1964, corregido y ampliiado por la Octava Conferencia Nacional de las FARC_EP, abril 2 de 1993.

(4) Declaración política- Octava Conferencia Nacional.


(5) Entrevista a Manuel Marulanda Vélez, tomada de la página web de las FARC_EP, sin autor ni fecha, ,transcrita en el libro “Las verdaderas intenciones de las FARC” – Corporación Observatorio para la paz- 1999. Se refiere presumiblemente a la propuesta del ministro de defensa del Presidente Samper.

(6) Del documento “Beligerancia” de las FARC_EP. Un suplemento en el que la organización muestra que “ tienen todas las condicionespara que se les reconozca como fuerza beligerante”