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OLA DE JUICIOS POR MASACRE EN GAZA


Se aproxima a las costas de Israel una ola de juicios por graves violaciones de derechos humanos en su guerra de 22 días contra la franja de Gaza, en la que murieron más de 1.300 palestinos, la mayoría civiles.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional y Human Rights Watch confirmaron el uso de bombas de fósforo blanco en Gaza, un arma prohibida por las convenciones de Ginebra.

Estos tratados son la base del derecho internacional humanitario, que protege a prisioneros de guerra y a la población civil afectada por conflictos armados. La Cruz Roja es la principal custodia de estas convenciones.

Amnistía aseguró que tanques israelíes dispararon proyectiles que contenían cada uno entre 5.000 y 8.000 dardos de metal de cuatro centímetros de longitud, los cuales se dispersaban en un área de 300 metros de ancho y 100 de largo.

La Federación Internacional para los Derechos Humanos, la Red Euromediterránea de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas también acusaron a Israel.

Estas organizaciones mantuvieron un grupo de observadores en territorio palestino, durante varios días de la guerra en Gaza.

"Estamos desolados por el horror de la guerra en Gaza, la gran pérdida de vidas de no combatientes y la destrucción a gran escala de propiedades e infraestructura civiles", sostuvieron estos tres grupos en una declaración conjunta.

La flamante representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Susan Rice, exhortó a Israel a investigar posibles violaciones de derechos humanos.

"Esperamos que Israel cumpla con su obligación internacional de investigar. También llamamos a todos los miembros de la comunidad internacional a abstenerse de politizar estos importantes asuntos", dijo Rice en su primera intervención en el Consejo.

Israel apeló la resolución del juez español Fernando Andreu de investigar el bombardeo en que murió en 2002 Salah Shehadeh, dirigente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en una zona residencial y densamente poblada de la ciudad de Gaza.

La explosión de la bomba de una tonelada arrojada por la Fuerza Aérea Israelí en el edificio de apartamentos en el que vivía Shehadeh mató a 14 civiles, nueve de ellos niños, e hirió a 77. Once viviendas terminaron completamente destruidas y 32 con diversos daños.

Andreu sentenció que el ataque podría constituir un crimen contra la humanidad.

El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas israelíes Dan Halutz, el ministro de Infraestructura saliente, Benjamín Ben-Eliezer, y otros funcionarios son investigados por la demanda en España, presentada por el Centro Palestino de Derechos Humanos.

No es ésta la primera vez que la justicia de terceros países investiga a funcionarios israelíes por posibles crímenes de guerra. En 2005, un juez británico ordenó el arresto del general Doron Almog por la destrucción de 30 viviendas civiles en Rafah, localidad del sur de Gaza.

Informado de la orden cuando viajaba a Londres ese mismo año, Almog se negó a abandonar el avión en el aeropuerto de Heathrouw y regresó de inmediato a Israel.

Pero las leyes israelíes también permiten el procesamiento de crímenes cometidos fuera del territorio nacional, aunque sólo se aplican a los perpetrados contra ciudadanos de Israel o judíos.

Al gobierno de Ehud Olmert también le preocupan las numerosas demandas que, según prevé, entablarán organizaciones propalestinas en otros países, así como izquierdistas israelíes en su propio país.

Un grupo de activistas israelíes elaboró una lista de nueve comandantes de batallón a los que consideran culpables de crímenes de guerra.

Funcionarios de defensa temen que organizaciones en el extranjero usen esa lista como base para elaborar otras que incluyan a oficiales de menor rango y a pilotos.

La censura militar israelí ordenó a la prensa nacional y extranjera a borrar de sus informes los nombres de miembros de las fuerzas armadas que actuaron en Gaza, así como sus rostros de las fotografías.

Mientras, la Asociación para los Derechos Civiles, B'Tselem, el Comité Público contra la Tortura y otras cuatro organizaciones humanitarias israelíes acusaron a las fuerzas armadas de maltratar a cientos de pobladores de Gaza detenidos e interrogados durante la guerra.

Los siete grupos enviaron una carga al abogado de las fuerzas armadas, Avihai Mandelblit, y al fiscal castrense, Menajem Mazuz, para que investiguen el caso.

Según testimonios de los detenidos, menores y adultos eran confinados, maniatados y encapuchados, en zanjas cavadas a la intemperie durante horas e incluso días. También se les privó de alimentos y agua, y se los sometió a actos violentos y humillantes.

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