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¡¡¡EXTRADICIÓN AL ASESINO HENRY LÓPEZ SISCO!!!

El Ministerio Público presentó formal acusación contra el comisario jubilado de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Henry Rafael López Sisco, por su presunta responsabilidad en la muerte de nueve ciudadanos, hecho conocido como la masacre de Yumare, ocurrida el 08 de mayo de 1986 en el caserío La Vaca, sector Barlovento del estado Yaracuy.

Los fiscales 48° y 65° nacional y 14° del estado Yaracuy, Zair Mundaray Rodríguez, María Teresa Cortes y Miguel Ángel Gómez, respectivamente, acusaron a López Sisco por la presunta comisión de los delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas.

Adicionalmente, el Ministerio Público solicitó al Tribunal 6° en funciones de Control del estado Yaracuy que inicie el trámite del proceso de extradición ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra López Sisco, quien también fue Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Zulia.

Igualmente, el Ministerio Público solicitó dos órdenes de aprehensión contra dos personas que de acuerdo con la investigación, tienen relación directa con la ejecución de la conocida masacre de Yumare.

Vale destacar que el 26 de septiembre de 2006, el Ministerio Público imputó a López Sisco.

La investigación por el deceso de Luis Guzmán, José Silva, Ronald Morao Salgado, Dilia Rojas, Simón Romero Madrid, Pedro Jiménez García, Rafael Quevedo, Nelson Martín Castellanos y Alfredo Caicedo, se reinició por una querella presentada ante el Tribunal 6° de Control de Yaracuy, la cual fue admitida el 13 de junio de 2006. Posteriormente, la causa fue enviada al Ministerio Público para dar inicio al proceso.

Durante los años 2006 y 2007 se llevó a cabo el proceso de exhumación de las nueve víctimas, como parte de la investigación orientada a establecer las responsabilidades penales.

En ese sentido, el 05 de octubre de 2006, fueron exhumados los cuerpos de Dilia Antonia Rojas y Simón Romero, en el cementerio Jardín de los Jardines en el estado Yaracuy. Sus restos fueron entregados a sus familiares en noviembre de ese mismo año. Posteriormente, el 16 y 18 de enero de 2007, se llevó a cabo el proceso en relación con las víctimas Ronaldo Morao y Alfredo Caicedo Castillo, en los cementerios General del Sur y de El Hatillo, respectivamente. Mientras, el 16 de febrero de ese mismo año fue exhumado Nelson Castellanos, también en el Cementerio del Sur en esta ciudad.

De seguido, el 06 y 22 de marzo se procedió respecto a Pedro Jiménez, en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús en Maracaibo, y José Rosendo Silva Medina, en el campo santo municipal de Valencia. Las dos últimas exhumaciones, de Luis Rafael Guzmán Green y Rafael Ramón Quevedo Infante, se efectuaron el 27 de abril y el 08 de junio de 2007, respectivamente. Los procedimientos se realizaron en los cementerios municipales de Ciudad Bolívar y Boconó.

Por este caso, en el cual sobrevivieron otras cuatro personas, el Ministerio Público ha imputado a ex funcionarios entre civiles, militares y policiales. Adicionalmente, el pasado viernes 29 de mayo, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, entregó a los familiares de las víctimas la autorización para que retiren los cadáveres y puedan así darles cristiana sepultura.

En ese mismo acto, la Fiscal General señaló que la aspiración del Ministerio Público son las de presentar un acto conclusivo antes de que finalice el año.

YVKE

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