Gobierno colombiano pide derogación de polémico artículo del decreto de Emergencia Social

TeleSUR _ Hace: 01 hora

El presidente Álvaro Uribe Vélez se justificó diciendo que no tuvo conocimiento de la redacción del controvertido decreto. Sólo se derogará una de las medidas, específicamente la que contemplaba la posibilidad de que los ciudadanos colombianos utilizaran sus prestaciones sociales para el pago de servicios médicos

El gobierno colombiano cedió ante la fuerte presión que distintos sectores de la sociedad ejercieron en contra de los recién aprobados decretos de Emergencia Social, cuando el ministro de Protección Social, Diego Palacio, anunció que el Estado pedirá al Congreso que derogue el polémico artículo 128 que contempla el uso de cesantías para pagar parte de tratamientos médicos.

"El mismo gobierno le solicitará al Congreso de la República que haga la derogación de esta parte del artículo", manifestó el funcionario a medios de comunicación locales.

El polémico estatuto establece la posibilidad de que el paciente utilice sus prestaciones sociales para el pago de servicios médicos, y dependiendo de su salario se determina que tipo asistencia recibirá.

En un comunicado se confirmó la decisión del Estado: "El Gobierno Nacional acepta que no se deben destinar las cesantías para salud ni aun en los estratos 5 y 6. En consecuencia, para que este punto de la reforma no se aplique, el Gobierno se abstendrá de reglamentarlo y le pedirá al Congreso de la República su derogatoria".

El presidente Uribe argumentó que no tuvo conocimientos de la redacción del controvertido decreto durante una reunión con la Federación de Municipios a través del Director Ejecutivo, Gilberto Toro, y Tarcisio Moralos, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CTU), quienes explicaron las razones por las cuales los decretos no deben seguir vigentes.

El revés de la medida se dio luego que los directivos pidieron al jefe de Estado derogar las las medidas adoptadas en los últimos días.

"Yo lo advertí, la emergencia iba a resultar un paquete chileno porque los que redactaron los decretos no recogieron la problemática que existe en el país. Vamos a pedir que se quiten esos decretos", puntualizó el dirigente obrero.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la Federación de Municipios incluso le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequibles las normas y reveló que el Primer mandatario estableció una mesa de trabajo para analizar las medidas.

"Creo que el Presidente reconoce y me voy a atrever a decirlo, que al ministro de Protección le faltó concertar y socializar más. El problema que hay hoy en el país se generó porque no hubo el diálogo que siempre defiende el mandatario, el ministro se apartó de esa política", sostuvo Toro.

Los colombianos afirman que el decreto de Emergencia Social cuestiona la autonomía médica, el favorecimiento a las entidades prestadoras de salud y la carga económica tanto de los tratamientos y exámenes, a los pacientes.

Denuncian que todos los decretos buscan que las empresas prestadoras de salud tengan mayor beneficio económico, mientras brindan menos servicios a los colombianos.