Febrero 6 de 2010
Bogotá. ABN.- Un nuevo escandalo debe enfrentar el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, luego del macabro descubrimiento la mayor fosa común de la historia reciente de América Latina, con una cifra de cadáveres que podría llegar a los dos mil, según reseña el portal del diario Público de España.
En el pueblo de
De acuerdo a fuentes citas por la versión electrónica del diario, los cientos de cadáveres habrían sido depositados desde 2005 por las fuerzas élites del Ejercito colombiano, con la orden que fueran inhumados sin nombre.
Este macabro descubrimiento es hasta el momento el mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente, dejando atrás las muertes de las férreas dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay entre otras.
Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión, reseña la nota del diario.
Según declaró el jurista Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente por
El jurista estuvo acompañado por una delegación de parlamentarios ingleses, añadió que, 'el comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro'.
Por su parte el gobierno de Uribe, a través de su Fiscalía anunció que las investigaciones se iniciaran “a partir de marzo”, pues para el gobierno neogranadino se ponderan las elecciones legislativas y presidenciales sobre las acciones consecuentes que señalarían a los responsables de la mayor masacre nunca antes registrada en la historia de Latinoamérica.
Motivado a la magnitud del terrorífico hallazgo y con miras a redactar un informe para el Congreso español y
Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.
Gracias a las declaraciones de mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes, se supo la locación de estos cementerios clandestinos.
John Jairo Rentería, alias Betún ex jefe paramilitar declaró ante el fiscal y los familiares de las víctimas que 'al menos a 800 personas' que él recuerde fueron enterrados en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo.
'Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva'.
Para Alfredo Molando influyente sociólogo y escritor colombiano, quien por su carrera de investigación y verbo oportuno se encuentra en el exilio para escapar de las amenazas de los grupos paramilitares, ha asegurado que 'el Gobierno no quiere investigar'.
Asegura el sociólogo que “la propia Fiscalía General de
Al ser interrogado sobre la relación entre las fosas comunes y los falsos positivos, Molano respondió, “sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos” (colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”). El ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes”.
Molano sentencia que “ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará que aparezcan algunas tumbas. Además, los plazos son larguísimos y las dificultades técnicas para las identificaciones, pruebas químicas y ADN son enormes”.
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