La América de Bolívar no es chantajeable

Por: Iván Marquéz / Comisión Internacional de las FARC-EP

Sin ninguna o poca reacción de los gobiernos, paulatinamente la política fascista del régimen de Colombia, desvergonzado peón de la geopolítica de Washington, se ha venido trasnacionalizando en detrimento de las soberanías nacionales.

El primer paso hacia esa abusiva pretensión fue la invasión militar al Ecuador con apoyo tecnológico del gobierno de los Estados Unidos pretextando el ataque a un campamento transitorio de la guerrilla de las FARC en ese país. La delirante defensa de este hecho de piratería y transgresión a la ley internacional fue sustentada en la peregrina doctrina de la “soberanía territorial condicionada a los problemas de seguridad”, por medio de la cual el gobierno colombiano se arroga el derecho de actuar extraterritorialmente en desarrollo de su particular visión y de su estrategia contrainsurgente, por encima de los pueblos y sus gobernantes.

En consonancia con este exabrupto en derecho internacional, habían secuestrado a Rodrigo Granda en la ciudad de Caracas y capturado a Simón Trinidad en el Ecuador de Lucio Gutiérrez. Los Presidentes que no se sometan a estos criterios diluyentes de la soberanía, son colocados en la mira y bajo la sospecha de ser gobernantes aliados del narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo. Todas las embajadas colombianas actúan con ese instructivo de la cancillería del terrorismo de Estado, que es como se debe llamar a la del podrido régimen de Bogotá. En la Casa de Nariño llaman “terrorismo” a la resistencia de los débiles frente a los desafueros del poder, y “guerra” al brutal terrorismo de Estado que practica el gobierno de Colombia contra los ciudadanos.

La soberanía patria no puede ceder ni un ápice ante el gobierno mafioso y terrorista del señor Uribe. El gobierno de Bogotá actúa y se mueve bajo la inspiración de la política de Seguridad Democrática, nuevo rótulo de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, diseñada por los estrategas del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, empeñados en el sueño monroísta de “América para los americanos” y de los halcones washingtonianos, que no renuncian a considerar a Nuestra América como su patio trasero.

Lo que está en juego es la recolonización neoliberal de América Latina y el Caribe y la utilización de Colombia como cabeza de playa para el asalto expoliador a nuestras riquezas y el sometimiento político de todas las naciones del hemisferio. Lo que busca la política de Seguridad Democrática es la seguridad inversionista, para lo cual contempla, por una parte, la implementación de leyes draconianas para disuadir a través de ellas la creciente inconformidad social, y por otra, las acciones militares contra la resistencia armada para garantizar la explotación sin sobresaltos del petróleo, el gas, la biodiversidad, el trabajo y todas las riquezas de la América nuestra.

En este contexto el gobierno de Uribe se ha constituido en la principal amenaza regional y en surtidor peligroso de la desestabilización de los gobiernos patrióticos y progresistas, y de los movimientos sociales de Nuestra América. Para ello el subsecretario de Estado John Negroponte ha orientado utilizar, a pesar de que no tienen ninguna validez jurídica, los datos de un computador espurio que la misma Interpol reconoce fue manipulado sin observar los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas, según consta en su conclusión “2b”. En un e-mail fechado el 28 de mayo el catedrático y politólogo colombiano Alfredo Rangel, agente de la CIA, o cuando menos asalariado de los gringos, le dice al ministro de defensa Juan Manuel Santos que “el Departamento de Estado había acordado con nosotros mantener la ofensiva contra Chávez y sus secuaces, y reconoce como positivo “haber intoxicado los computadores”.

Apoyada en esos datos falsificados la cancillería terrorista de Uribe se ha dado a la tarea de visitar países con la insolente exigencia a los respectivos gobiernos de entregar al régimen de Bogotá, o en su defecto abrir acciones judiciales contra los nacionales cuyos nombres aparezcan en los datos electrónicos inventados por su perfidia. A esta gestión le anexan el chantaje de que si los gobiernos no atienden sus despropósitos, filtrarán a la prensa de derecha los supuestos datos y correos. Simultáneamente, con la anuencia de los gobiernos o sin ella, están organizando con la CIA, el Mossad y algunas agencias locales, grupos de sicarios para asesinar a sus objetivos, como ocurre por ejemplo con el prominente líder de izquierda dominicano Narciso Isa Conde, presidente de la Coordinadora Continental Bolivariana. Secundan la estrategia criminal de Bogotá y Washington la Dincote del Perú y la Interpol. El propósito de esta derecha neoliberal violenta y terrorista es criminalizar el pensamiento, revivir planes como el Cóndor para eliminar físicamente las nuevas generaciones de dirigentes revolucionarios que al retorno de Bolívar y de nuestros héroes libertarios en este siglo, pugnan por un orden social más justo en Nuestra América.

Un gobierno narco-paramilitar y terrorista como el de Bogotá no puede arrinconar a todo un continente. Ese gobierno ilegítimo e ilegal se sostiene por el criminal apoyo que recibe de la Casa Blanca y por el recurso de las campañas manipuladoras de opinión o lo que hoy se ha dado en llamar terrorismo mediático. El de Uribe es un gobierno que sobrevive en medio de la más pavorosa ilegitimidad, el terrorismo de Estado paramilitar que ha provocado centenares de masacres de ciudadanos inermes, miles de desaparecidos en fosas sin desenterrar, millones de desplazados, y tierras despojadas. Un gobierno sustentado en fraudes electorales, truculencias para acomodar la Constitución a sus ambiciones de poder político, y en el concierto para delinquir de generales , fiscales, congresistas, empresarios y terratenientes que han regado el suelo colombiano de sangre a través de sus paramilitares. Los gobiernos y pueblos del continente deben declararse en alerta permanente ante los planes desestabilizadores fraguados por Washington y Bogotá contra la independencia y los intereses comunes de la región. La América de Bolívar no es chantajeable.